Hace 20 años, una vivienda suponía unas 60-65 mensualidades del sueldo total de un trabajador de clase media-baja. Hoy cuestan 180-190 mensualidades, el triple. Las cifras con las que lo he calculado y tirando por lo bajo son: 5 millones de pesetas un piso de 100 metros y 80.000 pesetas al mes de sueldo en 1987 frente a 180.000 euros un piso de 100 metros con 1.000 euros de sueldo al mes en 2009).

No es tanto el valor escalar como el relativo al trabajo, la estabilidad y el sueldo o más concretamente el % del mismo dedicado a la vivienda.

VAMOS A PERDER EL TREN DEL SERVICIO PUBLICO DE VIVIENDA

¿ podemos conseguir que la vivienda sea un servicio público, al menos, como lo son la educación, las pensiones, el desempleo o la sanidad? ¿Podemos tener una serie de medios públicos para liberar del mercado de la vivienda a toda la población que no pueda o no quiera gastar dinero en el citado mercado libre de vivienda de compra o alquiler? ¿Podemos hacer que la vivienda sea un derecho ciudadano y no solo una mercancía para el conjunto de la ciudadanía? ¿Podemos eliminar del imaginario colectivo, o al menos atemperar, la idea de vivienda como bien de inversión, a través del concepto de la vivienda como bien de uso? Yo creo que si podemos.

Un servicio público de vivienda es bueno para la sociedad(permite a mucha gente vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar la vivienda; permite crear ciudades equilibradas social, económica y urbanísticamente; permite cuidar mejor el medio ambiente; etc) y bueno para la economía (permite que las generaciones sin yugo hipotecario se arriesguen a crear, invertir y poner en marchas iniciativas profesionales y empresariales; favorece la movilidad geográfica y profesional; coloca el capital en sectores económicos de valor añadido real superior al de la construcción; pone la economía a cubierto de crisis inmobiliarias cíclicas; etc).
Para disponer de un servicio publico de vivienda en España es necesario hacer un cambio cultural importante. La economía española tiene que entender que en este sector no se van a obtener tasas de beneficio especulativas y que mejor harían en invertir su dinero en otros sectores de mayor valor añadido económico, tecnológico, innovativo, etc. Y por su parte, las Administraciones tienen que lanzar un mensaje claro a estos sectores económicos y a la ciudadania sobre la centralidad para el Estado Social de un parque público permanente de vivienda.
No estamos ante un problema técnico o jurídico, sino político. Las técnicas para lograr que la vivienda sea un derecho y no solo una mercancía ya existen:el propio concepto de servicio público, el concepto de dotación pública, los servicios de interés general, las reservas de suelo para vivienda protegida, la cesión de plusvalías urbanísticas a favor de la comunidad, las valoraciones del suelo sin incorporar expectativas urbanísticas, el derecho de superficie, el alquiler, la calificación permanente de la vivienda protegida, los planes de vivienda, los métodos de adjudicación de vivienda protegida públicos y garantistas, el tanteo y retracto, la inspección, la potestad sancionadora, la expropiación, la imposición fiscal sobre comportamientos socialmente nocivos, los registros públicos de demandantes de vivienda y los registros de ! viviendas protegidas, los mecanismos legales de limitación del sobre-endeudamiento hipotecario, la fiscalidad en favor del alquiler, la vivienda protegida y la movilización de vivienda vacía, las obligaciones jurídicas de conservación de los inmuebles por parte de sus propietarios, etc. Solo hace falta voluntad política para aplicarlas.
Obviamente todo no está inventado. Hay cosas todavía por desarrollar, por idear y por implementar.Y cito entre las que me parecen más importantes el conjunto de técnicas jurídicas necesarias para crear obligaciones legales de las Administraciones Públicas de promover y gestionar un parque público permanente de alquiler social (¿vinculación de parte de las reservas de suelo para vivienda protegida a la producción de vivienda protegida en alquiler, conexión entre una Ley de Vivienda autonómica, los planes municipales de vivienda y el PGOU de cada municipio, todo ello al servicio de la vivienda protegida de alquiler, etc?).
De todos ellos he aprendido que tener un servicio público de vivienda será difícil en España, pero no es, en absoluto, imposible.
Pues bien, cada vez tengo más claro que España está a punto de perder una oportunidad histórica de crear un servicio público de vivienda.
El sector del ladrillo en España debe unos 500.000 millones de euros al sector financiero español (más o menos el equivalente a una tercera parte del PIB español). Además tienen más de un millón de viviendas sin vender. Esas viviendas no las van a vender en mucho tiempo y además habrá rebajas sustanciales del precio. Mientras tanto, muchas empresas inmobiliarias entran en quiebras y los bancos y cajas de ahorros tienen pavor a esos posibles 500.000 millones de euros de fallidos. Pues bien, el Estado (la ciudadanía) deberíamos de comprar una parte importante de esas viviendas, con rebajas de precios significativas (por lo menos un 30% de su inflado y artificial precio actual), calificarlas como vivienda protegida de por vida (insisto, de por vida), usarlas para el servicio público español de vivienda, obligar al sector de ladrillo a invertir el dinero que cobren del estado por esas vivi! endas rescatadas en negocios más interesantes que el ladrillo y dejar de dar ayudas públicas a los bancos y cajas españolas (recuerdo que les hemos garantizado 150.000 millones de euros de ayudas extraordinarias) cuyo principal problema hoy es su mala cabeza en el pasado con las operaciones en ladrillo nacional. De todo esto, casi de forma idéntica, ya les había hablado en un post anterior (opción alternativa nº 2). Y de manera muy parecida habla el profesor Enrique Gil Calvo en su artículo Magos en el Diario El País.
Permítanme la zafiedad: el sector público lo tiene "a huevo". El mercado privado de vivienda ha fracasado. El sector financiero privado también ha fracasado. Lo público tiene que acudir al rescate. Usemos pues el dinero público para reorientar la econonomía española hacia la innovación, la tecnología, las energías renovables, el empleo de calidad, etc (abandonando la economía ladrillil por un modelo económico más sofisticado, próspero, estable y sostenible ecológica y socialmente) y, a la vez, dotar con cientos de miles de viviendas protegidas al servicio público español de vivienda.
La oportunidad es clara. La doctrina científica social la ve con claridad. Parte de la izquierda tambié. El tándem Zapatero-Solbes están a otras cosas (supongo que entienden que la vivienda es una cosa del mercado y que no es necesario tener un Servicio Público de Vivienda).
PERO QUIENES NO PARAN SON LOS BANCOS Y CAJAS ESPAÑOLAS QUE, ANTE LA EVENTUALIDAD DE CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE EUROS EN CRÉDITOS FALLIDOS DE PROMOTORAS Y CONSTRUCTORES, HAN DECIDIDO ACEPTAR VIVIENDAS EN PAGO DE LOS CRÉDITOS, VALORARLAS AHORA A PRECIOS BAJOS, RETENERLAS CUATRO O CINCO AÑOS Y VENDERLAS PRECIOS MÁS ALTOS EN EL FUTURO (CON LAS CONSIGUIENTES PLUSVALÍAS).
Desde el punto de vista de cajas y bancos (que ya han empezado a adquirir inmuebles por valor de 5.000 millones de euros) la operación es perfectamente razonable: tienen solvencia -entre otras cosas gracias a las inyecciones públicas de liquidez y solvencia-, cambian créditos que pueden fallar por inmuebles valorados en ciclo bajo y esperan venderlos cuando el ciclo suba de nuevo.
Solo hay un "problemilla": la adquisición de inmuebles que provienen de créditos de mala calidad daña su ratio de solvencia y puede suponer escrutinio e intervención de las autoridades públicas (leído en el diario económico Expasión).
Ante esta eventualidad, el lobby bancario ya está presionando sobre la Administración socialista para que las adquisiciones de inmuebles a cambio de créditos no afecten a su ratio de solvencia.
Si las presioenes del lobby bancario tienen exito será imposible que el estado compre vivienda libre barata a promotores y constructores para convertirla en vivienda protegida de por vida dedicada al alquiler.
Solbes y Zapatero, que tendrían que estar pensando en como comprarle a los promotores y constructores las viviendas que no vende para con ellas crear un servicio público de vivienda a la europea en España, creo que son favorables a ayudar a esta operación de maquillaje contable. Y si no al tiempo. Los precedentes con las normas contables de valoración de activos para las inmobiliarias y promotoras son claros y ya los hemos comentado aquí.
Con lo cual, se va a producir un proceso kafkiano: los bancos y cajas españoles piden ayuda al estado, este les inyecta hasta 150.000 millones de euros, en parte con ese dinero (que tendría que haberse destinado para crear el servicio público de vivienda español) los bancos y cajas adquieren viviendas baratas hoy, cancelan créditos con riesgo y el día de mañana venden las viviendas con beneficio y la vivienda sigue teniendo un precio artificialmente alto. Reir por no llorar. Los bancos y cajas con el dinero público van a serguir ganando dinero, manteniendo el precio de la vivienda especulativamente alto y no van a dar crédito a personas, familias y empresas como quiere el estado.. Lo dicho, reir para no llorar.
Se equivoca el tándem Zapatero-Solbes.

LO PAGAREMOS TOD@S