Subinspectores de Hacienda estudian impugnar ante el Supremo

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estudian la posibilidad de impugnar judicialmente ante el Tribunal Supremo la parte del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, aprobada por el Gobierno hace un mes y que modifica, beneficiándolos, la fiscalidad de los consejeros de los ban! cos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
De este modo, con dicha modificación, los préstamos de los socios a la sociedad -de los banqueros a las entidades de las que forman parte, a las que están vinculados- ya no estarían penalizadas con una tributación de hasta el 43% (la de la tarifa general del IRPF), por considerarse en la ley para la prevención del fraude fiscal una práctica que podía encubrir desde pagos de dividendos hasta blanqueo de dinero.
Ahora, según lo recogido en el real decreto, los préstamos de socio a sociedad realizados en el seno de las entidades financieras tributarán como las rentas del ahorro, es decir, al 18%, una fiscalidad notablemente beneficiosa. Pero la medida solo afecta a los consejeros de los bancos y, «en mucha menor medida», según Gestha, a los de las cajas y cajas rurales, y no será aplicable a empresas de ningún otro tipo, donde la compra de bonos por parte de los socios estará gravada con la tarifa general del IRPF -entre el 24 y el 43% en función de los ingresos-, en lugar del 18% correspondiente al ahorro.
Esta polémica disposición adicional séptima del citado reglamento podría ser impugnada por los técnicos de Hacienda, según confirmó ayer su secretario general, José María Mollinedo, si antes del 18 de enero -fecha límite para recurrirla ante el Supremo- el Gobierno no ha dado marcha atrás.
«Un reglamento no puede modificar una ley, no es propio de un Estado de Derecho que el Gobierno, a través de un real decreto, subvierta lo que ha acordado el Parlamento», afirmó Mollinedo, para añadir que, además, tal modificación de la fiscalidad es un agravio comparativo. El Gobierno madrileño también criticó ayer la medida.